Podcasting, educación y legalidad

http://www.blocdeblocs.net/2007/11/20/podcasting-educacion-y-legalidad/

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El día 4 de setiembre publiqué un post referente a un estudio sobre el uso del podcast en educación superior.

En este artículo, un profesor de ESO me preguntaba a través de un comentario acerca de si podía grabar o no sus clases, sobretodo en temas legales, pues parece que su director le había prohibido dicha actividad.

En primer lugar hablamos de la utilidad que le podía dar al podcast, no centrarlo en una medida disuasoria sino en una herramienta de motivación, por ejemplo.

Para las dudas legales contacté con Toni Sellas que se ha interesado por el estudio del podcast en educación, y él le remitió la consulta a Andy Ramos, experto en Propiedad Intelectual, Derecho de Internet, Derecho del Entretenimiento y las Nuevas Tecnologías, que muy amablemente nos contestó.

En primer lugar comentó la complejidad de la situación, pues no se trata sólo de la propiedad intelectual sino también de derecho a la intimidad y de competencia de los directores de los centros.

Según la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 10 dice lo siguiente:

1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

a. Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.

Según este artículo, si una explicación de cátedra o un discurso tiene esos matices de creatividad y originalidad que exige la LPI, por lo que el autor de dicha clase sería quien tuviese los derechos que la ley le concede sobre la misma. El tema es más complejo de lo que pudiera parecer en un principio porque si bien la ley concede este “monopolio” al autor de una obra, existen límites a este derecho exclusivo de los autores, como el de “copia privada”.

Analizando la cuestión desde la perspectiva del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen (LO 1/1982), el artículo 7 dice lo siguiente:

Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo segundo de esta Ley:

Cinco. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos.

Artículo Octavo.

Uno. No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la Ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.

Dos. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:

a. Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.

b. La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.

c. La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.

Cómo aprecia Andy, Según el artículo 7.5, un profesor se podría negar a que se capte, se reproduzca o publique su imagen (incluido su voz, en el caso del podcasting), siempre y cuando el discurso no tenga las características descritas en el artículo 8 antes reproducido.

Por lo tanto, a priori, parece razonable concluir que es el profesor como autor de una obra intelectual (una clase magistral), quien tiene que dar autorización para la captación y posible publicación de dicho discurso.

Aunque esta afirmación puede estar limitada en mayor o menor grado por la normativa educativa de cada comunidad autónoma y de cada centro educativo. Aunque la ley estatal podría permitir a un profesor grabar sus clases y publicarlas en Internet, habría que ver si el director de un centro de enseñanza tiene potestad suficiente para prohibir a los profesores del mismo publicar sus ponencias, y esto dependerá de la ley en cada comunidad autónoma.

Es un tema complejo que estaría bien contrastar con otras experiencias similares y soluciones adoptadas. Alguna idea?